Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra embajador de Colombia en Nicaragua
El embajador colombiano León Fredy Muñoz participó en una marcha en favor del régimen de Daniel Ortega utilizando prendas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El embajador de Colombia en Nicaragua, Leon Fredy Muñoz. Foto: colprensa
El Colombiano
La
Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra León
Fredy Muñoz Lopera, en su condición de embajador extraordinario y
plenipotenciario en la embajada de Colombia ante el gobierno de la República de
Nicaragua, por su presunta participación en una marcha “a favor de la
revolución que tumbó a Anastasio Somoza”.
La
investigación disciplinaria contra el diplomático estará a cargo del despacho
de la Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia
Administrativa.
Muñoz
Lopera, en su derecho a la defensa, podrá explicarle al Ministerio Público el
por qué de sus afirmaciones el pasado 7 de julio.
“Este
es un pueblo bonito, un pueblo amable y, sobre todo, es un pueblo que está
convencido de su revolución. La verdad es que estoy gratamente sorprendido y
hoy lo ratifico, esta celebración del 7 de julio es una cosa maravillosa”, dijo
Muñoz mientras portaba prendas del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN).
En
todo caso, el Ministerio Público hará la indagación para verificar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron las declaraciones
del diplomático.
Las
declaraciones de Muñoz valieron también para que el canciller, Álvaro Leyva, lo
llamara a consulta. En su defensa, Muñoz publicó un comunicado en el que
argumenta que es su “obligación” participar en reuniones y actividades
importantes para el gobierno del dictador Daniel Ortega.
“Debo
hacer presencia estratégica para cuidar los intereses nacionales de Colombia en
Nicaragua”, señaló el cuestionado e investigado embajador.
El
aparente apoyo del embajador colombiano a Daniel Ortega va en contravía a la
posición que el Estado colombiano ya fijó sobre el régimen en ese país
centroamericano. Fue la propia Cancillería y la Presidencia que, en febrero
pasado, rechazaron las violaciones a los derechos humanos cometidos por ese
régimen.
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